Vista de Écija

“Tipografía”

Partido Popular, Izquierda Unida y Podemos Écija han pedido públicamente al Gobierno Local que se refuercen servicios municipales para verificar el domicilio de empadronamiento de solicitantes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a los que se les ha denegado inicialmente esta prestación por falta de actualización de datos.

Según ha señalado los portavoces municipales, algunos solicitantes del IMV están recibiendo notificaciones en las que se les comunica que su solicitud ha sido denegada al comprobarse que en el Instituto Nacional de Estadística (INE) existe más de una unidad de convivencia registrada en un mismo domicilio, aunque en realidad no es así.

Esta situación ocurre cuando en un mismo domicilio se ha producido una rotación de inquilinos y los datos actualizados con las bajas de oficio de los antiguos residentes, aún no se han tramitado con el INE por parte del servicio de estadística municipal, lo que provoca que, en el certificado de empadronamiento que se presenta junto a la solicitud del IMV aparezca el actual inquilino y en el INE la persona o personas que residía anteriormente, creando una duplicación de unidades familiares a vista de la Seguridad Social, desde donde se tramita el IMV.

Para dar solución a este problema, y ya que el plazo para presentar alegaciones es de 30 días, tanto IU como Podemos piden al Gobierno Local que refuerce servicios municipales para que se pueda acreditar que los datos que se aportan en el certificado de empadronamiento son los correctos, para ello piden que, o por medio de la Policía Local personándose en los domicilios y verificando las personas que residen en una vivienda, o bien a través de Servicios Sociales, para que se tramite un certificado.

Por su parte el Grupo Municipal del Partido Popular ha pedido en este sentido que se refuerce el servicio municipal de estadística para que se tramiten las solicitudes pendientes y se actualicen los datos. En opinión de IU y Podemos, la solución que aporta el PP alarga mucho los plazos y se superarían los 30 días que los afectados tienen para certificar su lugar de residencia.

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