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El Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla ha condenado a seis meses de prisión a los 20 sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que asaltaron y robaron varias mercancías en un supermercado del municipio sevillano de Écija en 2012. Entre ellos se encuentra el secretario general del sindicato, Óscar Reina.

De estos 20 sindicalistas 15 llegaron a un acuerdo previo con las partes y aceptaron la pena de seis meses de cárcel por un delito de robo con violencia, sustituidos por el pago de una multa de 720 euros, mientras que los otros cinco han sido condenados a esta pena de prisión y en el fallo la juez no se pronuncia sobre la sustición por esta multa también para ellos.

Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado los condena por un delito de robo con violencia con las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, al indemnizar, en la cantidad de 2.629 euros, a los trabajadores del establecimiento que resultaron lesionados y al propio supermercado. Además dos de ellos han sido condenados por un delito leve de lesiones al pago de una multa de dos euros diarios durante un mes.

El juez considera probado que, tras realizar el SAT una campaña de movilizaciones y acciones sociales en 2010 en búsqueda de repercusión social, con el mismo propósito, el día 7 de agosto de 2012 sobre las 12,00 horas y tras una concentración del sindicato, estos 20 sindicalistas, puestos de común acuerdo, entraron en el supermercado con la intención de sustraer mercancía sin abonar su importe.

De hecho, tras cargar una veintena de carros de la compra, cuyo valor alcanzó los 1.400 euros, se dispusieron a salir por la línea de caja sin pagar, momento en el que se interpusieron distintos empleados para pedirle que abonaran la compra y de forma tumultuaria acometieron a los empleados consiguiendo huir con el género, agrediéndoles en un forcejeo tres de ellos para poder sacarlos a la calle, tal y como declararon los propios empleados en el juicio.

No obstante, la juzgadora reconoce en la sentencia que "el comportamiento de los acusados fue dirigido más a favorecer y propiciar una situación de confusión que de violencia en sí".

Una vez en la salida, los alimentos robados fueron introducidos en una furgoneta, desconociéndose el destino de la mercancía, valorada en 1.400 euros, una cantidad que fue consignada por los acusados antes de la celebración del juicio, cuya causa, según especifica, "ha sufrido dilaciones extraordinarias, atendiendo al tiempo transcurrido desde que se calificaron los hechos en fecha 16 de noviembre de 2015 hasta el señalamiento del presente juicio oral".

Además de los empleados, declararon en el juicio agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la investigación de los hechos y se mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, en las que se pudo apreciar "la violencia ejercida sobre las víctimas y el personal del supermercado", prueba que, para la jueza, "no arroja duda alguna respecto a los autores del robo con violencia al haberse identificado plenamente a cada uno de los acusados", resultando "prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados".

Por su parte, la defensa, ejercida por el letrado David Rodríguez, que pedía la absolución frente al año y medio de prisión que solicitaba la Fiscalía, ha anunciado que va a recurrir el fallo ante la Audiencia y ve probable que la condena de seis meses pueda ser sustituida por el pago de una multa de 720 euros, a razón de dos euros diarios durante un año, para los cinco sindicalistas que no se conformaron.

Previamente, el mismo día del juicio y en declaraciones a los periodistas, acompañado por el histórico dirigente de este sindicato Diego Cañamero y otros miembros del mismo, Óscar Reina insistió en su inocencia y señaló que "lo volvería a hacer una y 1.000 veces porque el único delito ha sido señalar con el dedo a los verdaderos culpables de la crisis".

Por su parte, Diego Cañamero manifestó también que "lo volvería a hacer 1.000 veces si se produjera de nuevo esa situación alarmante de pobreza" porque, a su juicio, "simbólicamente ir a un supermercado a expropiar alimentos de primera necesidad para denunciar un caso no es robar ni es delito". De hecho, recordó que hicieron lo mismo en otro establecimiento y llegaron a un acuerdo.